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La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, inició la supervisión de instituciones educativas de la provincia norteña para verificar el normal desarrollo del proceso de matrícula.

Zoila Uriarte Gonzales, titular de la UGEL de Chiclayo, y Mariana Guerrero García, representante de la Oficina Defensorial, hicieron en la víspera una visita sorpresvia a varios colegios, entre ellos el 11014 La Inmaculada Concepción, donde se comprobó la normalidad del proceso.

La segunda institución educativa visitada fue Nuestra Señora del Rosario, donde se detectó el funcionamiento de un programa de nivelación, lo cual fue observado por la UGEL.

Además, se sugirió que la oficina de la Asociación de Padres de Familia (Apafa) funcione en un ambiente distinto al de la Dirección del plantel para evitar confundir los roles. Ninguno de los padres de familia refirió haber sido condicionado para la matrícula.

Luego el grupo de trabajo fue al Centro Inicial N° 008, ubicado en el distrito de La Victoria, donde formalmente no se registró ningún tipo de denuncia.

Acto seguido se trasladaron a la institución educativa N° 10828, donde la titular de la UGEL se entrevistó con la directora, Doris Fustamente, quien informó que se reciben los expedientes de los alumnos que aspiran a una vacante, documentos que serán sometidos a evaluación.

Por último, se dirigieron al colegio José Quiñones Gonzales, ubicado en la urbanización del mismo nombre, donde se detectó que la Apafa culminó su gestión en el período 2012 y, por tanto, está prohibida de ejercer funciones en este año, por lo que no puede haberse decidido ninguna cuota de pago.

Durante las visitas se recordó que la matrícula es gratuita y no puede estar condicionada a ningún tipo de pago. “Las Apafas son organizaciones de derecho privado y si bien tienen el derecho de decidir en asamblea el monto que pagarán los padres no pueden presionar al director para que de ese pago dependa la matrícula de un alumno”, refirió Uriarte.

De comprobarse que el director o directora de un colegio promueve el condicionamiento de la matrícula a pago alguno, se le abrirá proceso administrativo y la sanción será la separación temporal en el cargo, advirtió la funcionaria.

Andina.

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