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Guerra por azucareras llega al Poder Judicial

Publicado por Lambayeque 30 de diciembre de 2010

A pesar que el titular del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, Rafael Chávez Martos, emitió la resolución número dos del expediente 3468-2010 acogiendo la medida cautelar de proceso de amparo a favor de la Asociación de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A., representado por Javier Vásquez Hernández y Octavio Carhuatanta Alcántara, y dispone la suspensión de la venta de las acciones del Estado en la empresa Cayaltí, no se descartó que el proceso de la venta de los títulos de la mencionada agroindustrial se pueda desarrollar hoy conforme está programado.

La medida judicial también ampara a Humberto Rafael Vílchez Gutiérrez y Felipe Artemio Mondragón Flores, en su calidad de trabajadores de la empresa Pomalca, disponiéndose la suspensión de los efectos jurídicos del acto de otorgamiento de la Buena Pro a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) a favor de Deloite & Touche S.R.L, consultora que llevaría a cabo la valorización de las acciones del Estado en Cayaltí, Pomalca y Tumán, por tener como asesor financiero a Juan Calisaya Medina, a quien sindican de ser trabajador del Grupo Gloria.

Además, el magistrado ordena suspender los efectos jurídicos del procedimiento de transferencia de las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A, Tumán S.A.A y Cayaltí S.A.A, a cargo de la Proinversión, hasta que el presente proceso no haya sido resuelto definitivamente.

DILATAN PROCESO. Alejandro Zevallos Gonzales, presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de Tumán, sostuvo que la medida dispuesta por el juez Chávez Martos buscaría dilatar aún más el proceso de venta de las acciones que el Estado tiene en las azucareras.

"La intención es que las acciones no se vendan a los trabajadores que han formado asociaciones independientes, sino a los testaferros de los que actualmente tienen el control administrativo de Pomalca y Tumán", expresó.

Sostuvo que le era extraño que un juez que trabaja para el Estado haya fallado contra este, cuando él (Chávez Martos) debe defender los intereses del país.

"Sabemos que Cayaltí está paralizado pero con la inyección de nuevos capitales y con el trabajo de gente que conoce lo que va a hacer, estoy seguro que en poco tiempo esa empresa va a volver a ser lo que antaño era", agrega.

Reconoce que el Estado no es mezquino con los trabajadores, a quien les ha dado la preferencia para adquirir las acciones. "Oviedo usa el nombre de los trabajadores para hacer creer que no están de acuerdo con la venta de las acciones, pero la realidad es otra", recalca.

ACATA DISPOSICIÓN. Por su parte, voceros de ProInversión hicieron conocer que recibieron el mandato judicial antes descrito, el que tras ser evaluado por los asesores legales se acordó suspender la venta de las acciones de Cayaltí.

MARCHA DE TRABAJADORES.

Más de un millar de supuestos trabajadores de las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí, llegaron ayer a Chiclayo y provocaron cuantiosas pérdidas económicas a comerciantes y empresarios ubicados en los alrededores y centro de Chiclayo, los que tuvieron que cerrar sus negocios.

Demetrio Ruiz Ríos, presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros, sostuvo que su presencia en la Capital de la Amistad era para exigir al Gobierno Central la promulgación de la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial, así como respaldar la decisión que había tomado a favor de los azucareros el juez civil Rafael Chávez Martos.

GENTE CONTRATADA. A su turno, el jefe de la Región Policial Lambayeque, coronel PNP León Félix Núñez, sostuvo que el 90% de las personas que fueron detenidas la mañana del martes durante la toma de los puentes Úcupe y Reque, así como bloqueos de la Panamericana Norte en los tramos del cruce a Cayaltí y Chosica del Norte, no son trabajadores de ninguna de las empresas azucareras antes mencionadas.

"Esa gente ha sido contratada, y sería necesario que el Ministerio Público haga una profunda investigación y llame a los responsables de este problema, para que exponga las razones por las que contrata gente para bloquear carreteras y generar millonarias pérdidas económicas al Estado", resaltó.


Los manifestantes sostuvieron en cartelones y declaraciones a la prensa, que tras la compra de las acciones de Cayaltí estaría el Grupo Gloria pero no con nombre propio, sino que utiliza a una persona de apellido Roncal Miñano.


Diario Correo.

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