
Las primeras acciones han incluido un total de seis empresas, vinculadas a los sectores financiero, médico, construcción, hidrocarburos, servicio técnico, entre otros, con la finalidad de certificar que las empresas usuarias cumplan con respetar las normas vigentes y no utilicen programas piratas.
En las inspecciones fueron inspeccionadas un total de 159 computadoras, encontrándose en ellas 295 programas informáticos diversos, siendo responsabilidad de cada una de las empresas inspeccionadas acreditar las licencias de dichos programas.
Luego de este procedimiento, el INDECOPI estaría en la facultad de poder iniciar los procesos administrativos correspondientes, para sancionar a las empresas en las que fuera encontrado software pirata.
“La instalación o reproducción de programas de computador sin la correspondiente autorización del titular (licencia) infringe los derechos reconocidos por la legislación peruana y tratados internacionales”, manifestó Magaly Guzmán, jefa de la Oficina Regional de INDECOPI en Lambayeque.
La legislación permite al INDECOPI iniciar procesos e imponer sanciones administrativas, tales como el cierre temporal o definitivo del establecimiento infractor, la incautación de los equipos y accesorios involucrados en el acto ilícito, y la imposición de multas de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 648 mil Nuevos Soles, a los infractores.
Por su parte, el titular de los derechos de autor puede solicitar que la empresa infractora pague los derechos que le corresponden por la utilización indebida de su propiedad intelectual.
El INDECOPI continuará con su labor de control e información a los usuarios de programas informáticos de Lambayeque, a fin de evitar que el uso de piratería siga afectando a la región.
Cabe resaltar que, si la tasa de piratería bajase en 10 puntos porcentuales en cuatro años, el Perú generaría un movimiento económico de US$ 286 millones, cerca de mil empleos formales, US$ 214 millones en ingresos para el sector IT nacional y una recaudación fiscal de US$ 24 millones, que podrían ser destinados a obras de bien común.
Fuente: José G. Alvarado
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